Experiencias y perspectivas de los inmigrantes guatemaltecos que radican en EEUU

Por Manuel R. Villacorta O.*

Los diversos análisis geopolíticos realizados para el continente americano, evidencian que se están consolidando dos bloques con intereses diferentes: El bloque Norte, que incluye Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, y el bloque restante, que incluye prácticamente a todos los países de América del Sur ( ver: Foreign Affairs, vol. 6, núm. 1, 2006). Algunos de los rasgos que caracterizan la consolidación del bloque Norte, son el probable uso del dólar como moneda regional a mediano plazo, la total dependencia de México, Centroamérica y el Caribe en cuanto a importaciones y exportaciones de y hacia Estados Unidos, así como la relación propiciada por la fuerza laboral a través de los procesos migratorios.

Los países de la región Norte que poseen una estrecha relación por intereses económico-laborales con Estados Unidos son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para el caso de México, los programas de atención al inmigrante han sido parte medular en su agenda internacional, producto de ello, la población mexicana que vive en Estados Unidos ha logrado capitalizar un respaldo sensible de sus diferentes gobiernos, básicamente porque los consulados de México en Estados Unidos son los más activos del mundo, debido al elevado número de mexicanos radicados en ese país (aproximadamente 15 millones, incluyendo indocumentados).

En el caso de los restantes cuatro países centroamericanos, es evidente que los gobiernos salvadoreños son los que más se han ocupado de cuidar los intereses de sus connacionales, se han instituido las visitas presidenciales como medio de contacto directo con las comunidades de salvadoreños que radican en EU, poseen una fluida relación con los medios de comunicación hispanos más influyentes, han capitalizado las experiencias de los consulados mexicanos (han establecido incluso programas de apoyo conjunto) y tras permanentes negociaciones, han logrado preservar el Estado de Protección Temporal (Temporary Protected Status o TPS) para sus connacionales, lo cual les ha permitido trabajar sin restricciones. El Salvador logró ese beneficio como producto del terremoto que se produjo en ese país en el 2001, siendo actualmente favorecidos unos 250 mil salvadoreños.

También poseen el beneficio del TPS los hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos, obtenido como producto de los destrozos provocados por el Huracán Mitch en 1998.

El caso de los guatemaltecos es el más desafortunado. Se asegura que si la administración de Alvaro Arzú hubiese solicitado el TPS como lo hicieron Honduras y Nicaragua en su momento, Estados Unidos lo habría concedido, favoreciendo a más de 600 mil guatemaltecos que se calcula para entonces, vivían en este país sin la documentación legal. Hoy se considera que esa cifra asciende a 800 mil guatemaltecos indocumentados. Por tal razón, los guatemaltecos en Estados Unidos se constituyen “como la población más sensible de la región por su vulnerabilidad ante las deportaciones”.

La política exterior guatemalteca tampoco ha podido ganar más espacios en el otorgamiento de visas H-2 ( visas temporales para trabajo agrícola), de las 66 mil que aproximadamente otorga el gobierno de Estados Unidos anualmente, sólo 1.5 mil son para los guatemaltecos.

Los consulados guatemaltecos en Estados Unidos que no pasan la docena, son insuficientes para cubrir las demandas que provienen de sus connacionales. A pesar de que se han implementado los “consulados móviles” esta práctica no logra cubrir con eficiencia los requerimientos referidos. La escases de personal, de recursos materiales y económicos, impide que los consulados operen con mayor eficiencia.

Uno de los desafíos más grandes para el servicio consular guatemalteco establecido en Estados Unidos, será tratar con los casos de deportaciones. Las deportaciones serán cada vez mayores y constantes, práctica que se inscribe dentro de los marcos legales de Estados Unidos cuando una persona carece de documentos válidos para vivir y trabajar en el país, pero que subestima aspectos vitales como son el aporte laboral, impositivo y cultural que hacen los inmigrantes al país. Y lo mas grave, se producen rompimientos familiares traumáticos, incluyendo muchas veces deportaciones que pudieron revertirse tras apelaciones debidamente presentadas por abogados de inmigración. Varias organizaciones de inmigrantes guatemaltecos establecidas en Estados Unidos habían alertado a las autoridades del país, sobre la inminencia del incremento en las deportaciones, hecho que lamentablemente se cumplió.

El infortunio de la población guatemalteca que radica en Estados Unidos, incluye además el no tener el derecho al voto desde el exterior, como ya lo tienen establecido casi todos los países de la región. Un trabajo meticuloso y documentado ha sido desarrollado por la “Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala” coordinada por el Ingeniero Raúl Molina, lamentablemente, sin haber encontrado eco hasta el momento en las instituciones públicas de Guatemala responsables de activar tal petición.

Debe reiterarse que toda política migratoria establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en favor de los guatemaltecos que viven en el exterior, básicamente en Estados Unidos, debe considerar los cuatro puntos básicos que se han establecido en el Plan de Apoyo al Inmigrante Guatemalteco que vive en Estados Unidos, impulsado por la Procuraduría de los Derechos Humanos a partir de marzo del 2006: A) Consecución de empleo. B) Acceso a los servicios esenciales: educación y salud. C) Legalización migratoria. D) Consolidación patrimonial. Pero la política migratoria debe complementarse con una política migratoria establecida para favorecer al inmigrante deportado, desde el otorgamiento de una recepción humanizada hasta el favorecimiento de su reincorporación al mercado laboral, lo que exige la participación de diversas instituciones públicas como la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo, entre otras.

Lo expresado anteriormente, confirma que la tendencia de la “problemática migratoria” se ha ampliado considerablemente, haciendo necesaria la participación interinstitucional para propiciar una eficiente atención a la misma, en la búsqueda de soluciones y en la prevención de sucesos futuros relacionados al tema.

La Procuraduría de los Derechos Humanos se inserta en el complejo tema migratorio, como producto de su obligación constitucional de velar por la eficiencia del sector público en el cumplimiento de sus funciones a favor de los ciudadanos, y todos los guatemaltecos que viven en el exterior, preservan tal calidad ineludiblemente. Está atenta además, a recibir denuncias relacionadas con casos en donde las autoridades incumplan parcial o totalmente, con las referidas asignaciones legales que por mandato poseen. Pero es importante anotar que la institución del Procurador para el caso específico de la política migratoria, apela al trabajo coordinado y propositivo de todas las instituciones públicas vinculadas, respetando atribuciones que por mandato constitucional y legal, cada una de ellas posee.

Actualmente existen dos intentos para tratar metodológicamente todos los asuntos relacionados con la dinámica migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores, promueve la creación del Instituto de Guatemaltecos en el Exterior (IGE), órgano que por sus atribuciones y composición, se hace necesario. El Congreso de la República, especialmente bajo su nueva junta directiva, promueve el Consejo de Atención al Migrante (CONAM). Han sido divulgadas propuestas preliminares de ambos entes, a efecto de evaluar su contenido y favorecer su eficiente funcionamiento. Las semanas próximas serán determinantes para conocer el desenlace de tales objetivos.

En sínstesis puede afirmarse que la situación de los guatemaltecos que radican en Estados Unidos está en franca desventaja compartivamente con la situación de mexicanos, salvadoreños, hondureños y nicargüenses. Y que dados sus altos niveles de vulnerabilidad, los efectos de las deportaciones seguirán golpeando severamente a la misma. El aspecto positivo es que por fin, despues de tanta solicitud emanada por las diversas organizaciones de inmigrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos, se ha logrado que los Organismos del Estado de Guatemala muestren interés en atender tan urgente y postergada problemática.

* Coordinador del Plan de Apoyo para los Inmigrantes Guatemaltecos que radican en Estados Unidos. Procuraduría de los Derechos Humanos.

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Entre la realidad y la ficción: Salario mínimo y productividad

Por Jorge Mario Huertas de la Torre

Hasta el último día del mes de diciembre del 2006, tiene la oportunidad nuestro Presidente de la República de paliar el tan golpeado bolsillo de todas y todos los guatemaltecos. Esta es la fecha que tiene por ley el mandatario de aprobar un aumento al salario mínimo o dejarlo como esta.

Dos días después de la toma de posesión de Oscar Berger (16 de enero del 2004) el diario matutino Prensa Libre encabezaba su titular con la noticia “CC suspende el último aumento al salario mínimo. El salario mínimo por día bajará de Q38.60 a Q31.90 para los trabajadores del campo, y de 39.67 a Q34.20, para los de la ciudad, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera por unanimidad suspender provisionalmente el acuerdo gubernativo 765-2003, emitido por el ex presidente Alfonso Portillo”. Dos días fueron necesarios para que el pueblo de Guatemala nos diéramos cuenta de cual era la postura en el tema del salario mínimo de este gobierno empresarial.

Cinco días había transcurrido después de aquel 14 de enero del 2004, en donde el mismo diario escrito publicaba (19 de enero del 2006) en su portada solo que esta vez no encabezando el titular sino en un espacio significativamente más pequeño, en el lugar donde publican las noticias de la vergüenza “Alzas, una tras otra. El 2004 inició con aumentos en los precios de alimentos, servicios básicos y combustibles que no tienen aún un origen claro, pero que generan malestar e incertidumbre. Aunque se mostraron sorprendidos por la vorágine de alzas en bienes que integran la canasta básica de los guatemaltecos, analistas y autoridades aseguraron que se trata de un fenómeno “temporal” que tendrá solución en el corto plazo. Sin embargo, para muchas personas es difícil lidiar con un aumento de más de Q50 en el costo de la canasta básica vital, que toma en cuenta, además de los alimentos, los servicios de salud, educación y vivienda.” Los seis grupos corporativos que llevaron a la presidencia a Oscar Berger y al partido GANA, no tardaron nada en cobrarse la factura; al final fuimos todos y todas los que financiamos la ostentosa campaña publicitaria de la campaña electoral.

El tema del salario es álgido, ya que es un tema con muchas interpretaciones y puntos de vista muy encontrados por intereses antagónicos entre los trabajadores y los empleadores. Los primeros abogan por aumentar el salario mínimo y garantizar de esta forma que todo trabajador podrá garantizare por lo menos sus necesidades más básicas como es la alimentación para él y su familia; por el contrario los empresarios abogan por el pago del salario del trabajador por productividad. Es decir que la postura de los representantes del empresariado en la Comisión Nacional del Salario es: se le pagara un salario base al trabajador, este estará sujeto a aumento siempre y cuando la productividad de la empresa aumente por la capacidad que tenga el trabajador de apoyar y dar su mejor esfuerzo para que ésta aumente.

En palabras más sencillas pero muy mal intencionadas el sitio web del Ministerio de Trabajo lo explica de esta forma: “Por ejemplo, si una empresa aumentara en 5 por ciento su inversión en maquinaria o capacitación para sus empleados, y como consecuencia la producción se incrementa en 15 por ciento, la productividad creció 10 por ciento.

Ese 10 por ciento es lo que podrían aumentar los salarios de los trabajadores como máximo, gracias a la mejora de la tecnología, de las cualificaciones del trabajador o de la intensificación del capital. ” Veamos el fondo de esto, analicemos el tema de la productividad

El Informe sobre Empleo 2004-2005, la OIT define la productividad como la eficacia con la cual se utilizan trabajo, recursos, insumos y demás factores que normalmente intervienen en la producción, incluyendo la calidad de la gestión y del producto, el progreso técnico, la paz social, las políticas oficiales, etc. Para lograr el aumento de la productividad, conforme a la OIT, serían necesarios los avances tecnológicos, la calidad del capital humano disponible, la competitividad de los mercados, los recursos destinados a la investigación y el desarrollo y la inversión en general, la solidez y la estabilidad de la demanda agregada y, por ende, del marco macroeconómico y las lógicas influencias de la oferta y de la demanda.

Otra definición: Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.

Ahora preguntémonos ¿Cómo se mide la productividad? Para poder medir la productividad hay que tomar en cuenta varios factores tanto internos como externos en el proceso productivo, los factores externos son: Disponibilidad de materiales o materias primas, mano de obra calificada, políticas estatales relativas a tributación y aranceles, infraestructura existente, disponibilidad de capital e intereses y medidas de ajuste aplicadas. Los factores internos son: Terrenos y edificios, materiales, energía, máquinas, equipo y recurso humano.

Si analizamos estas dos definiciones y las variables que hay que tomar en cuenta para poder medir la productividad, ya nos damos cuenta que la explicación del Ministerio de Trabajo ya no resulta tan sencilla como la simple suma, resta y división que proponen para vendernos la píldora sobre los “grandes beneficios” de pagar salarios por productividad.

En primera nos damos cuenta que para poder aumentar la productividad no solo es de darle al trabajador mejores condiciones tecnológicas, hay un montón de factores que escapan de las manos del trabajador; por ejemplo parafraseando a la OIT la paz social, las políticas oficiales, la calidad de la gestión, etc. O sea que el trabajador puede aumentar sus horarios de trabajo, trabajar el doble, esforzarse al máximo, pero si no se cumplen los factores externos e internos en el proceso productivo, él seguirá ganando lo mismo solo que produciendo más. ¿Quién será el único beneficiario de este aumento de producción, pero no de productividad? Aquí esta la trampa ponzoñosa de este gobierno y del sector empresarial.

Por que no se toca el tema del porcentaje que ganan en utilidades los socios o empresarios al finalizar el proceso productivo, no aceptan aumentarle el salario mínimo a los trabajadores argumentando “Roberto Ardón director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) sugirió que la fijación del salario debe adaptarse a la realidad económica nacional y mundial, pero eso no lo permite la legislación vigente, que si bien tuvo algunas actualizaciones en 2001, “aún no permite flexibilidad”. “Nuestra propuesta es adoptar el aumento por productividad, ya que los aumentos por decreto, por encima de la inflación y de la productividad, generan presiones inflacionarias que luego conducen a la caída de los salarios reales y del empleo”, claro es muy fácil escudarse en la inflación existente cuando todos y todas sabemos que la inflación que tenemos en Guatemala es producto de la especulación derivaba del poder político que ellos ostentan en el gobierno del Presidente Oscar Berger, para muestra un botón, regresemos a la noticia que cite al inicio de este ensayo el 19 de enero del 2006.

El otro argumento: si se aumenta el salario por decreto las empresas pierden competitividad y eso obliga a reducir las plazas de empleo creando de esta forma la informalidad y el desempleo en el país. Planteado así este es un escenario tenebroso.

Pero lo que nunca dicen es que ganan en utilidades y renta el 100% o en algunas ocasiones el 200% sobre la inversión (el cual tenemos que recordar surge del sudor y esfuerzo de los mal pagados trabajadores) eso no lo dicen porque esa cantidad de dinero no se toca.

Para pagar mejores sueldos e incentivar al mercado interno, lo cual disminuiría significativamente la informalidad, y la calidad de vida de todos los guatemaltecos, ellos tienen que dejar de apropiarse de porcentajes tan abusivos para el hambre del pueblo. No estoy diciendo con eso que se elimine la utilidad o la renta y sea repartida (la lógica de nuestro sistema no lo permite) sino que, los empresarios tienen la obligación social de moderar sus ganancias para poder beneficiar a sus trabajadores. En pocas palabras si se aumenta el salario mínimo a manera de equipararlo por lo menos a la canasta básica alimenticia, los poderosos de este país se rasgan las vestiduras porque eso significa que ya no podrán ganar esos ostentosos porcentajes; optan por lanzar al desempleo, a la informalidad y a los Estados Unidos a un montón de guatemaltecos y guatemaltecas que lo único que querían era trabajar honradamente y que eso les garantizara por lo menos el sustento diario.

Claro, eso no lo entienden los poderosos de este país, ya que, la avaricia por la acumulación no les permite ver la responsabilidad social que tienen por ser los dueños monopólicos de la mayoría y más rentables negocios del proceso productivo del país.

En fin, la canasta básica alimentaría para junio del 2005 aumento 97.29 quetzales quedando en Q. 1, 617.38 . Ahh!! Pero nuestro conciente y estadista presidente se dio el lujo de anunciar el 1 de diciembre del 2005, que incrementaría el 10% el salario mínimo de los trabajadores, en números reales eso significaría que el salario aumentaría a 1,309.10 en comparación al precio de la canasta básica alimenticia habría un déficit en contra del trabajador de Q. 308.28 y no digamos en comparación a la canasta básica ya incluyendo vestuario, transporte, salud, educación etc. Esto me suena más a burla que a tener serias intenciones de mejorar la situación económica de los que con su voto lo hicieron llegar al poder.

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