Retroceso en Derechos Humanos y Justicia

Por Erwin Pérez

La creencia que Guatemala es o está a punto de convertirse en un Estado fallido, se ve abonada con los últimos episodios ocurridos en el tema de los Derechos Humanos.

Quizá las organizaciones, otrora beligerantes en la lucha popular, no se han detenido a pensar y analizar con serenidad lo que está ocurriendo, lo cierto es que puede observarse un retroceso en el combate a la impunidad y a la búsqueda de justicia en delitos de lesa humanidad cometidos por el ejército y otros aparatos represores del Estado durante la guerra interna, sin que estas, u otras agrupaciones manifiesten abiertamente su inconformidad.

En las últimas semanas se conoció la decisión del Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, de no insistir más en Guatemala con el proceso judicial iniciado contra 5 militares y 2 civiles acusados formalmente por los delitos de genocidio, tortura y secuestro. Ello no significa renunciar a la persecución, pues su trabajo sigue abierto en el mundo y permanece vigente la orden de captura internacional contra los acusados, el anuncio no deja de ser alarmante.

En un segundo momento, en el Congreso, el partido de extrema derecha, Frente Republicano Guatemalteco, FRG, conducido el ex gobernante de facto Efraín Ríos Montt, precisamente uno de los militares perseguidos internacionalmente por genocidio, consigue quedarse con la presidencia de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Como un ejemplo más de esas contrariedades que ocurren en nuestro país, sólo faltó que el propio ex golpista Ríos Montt presidiera personalmente esa sala de trabajo, como una grotesca burla a las miles de víctimas que desaparecieron y murieron en las más de 400 masacres adjudicadas a su periodo como Jefe de Gobierno.

En el Organismo ejecutivo también hay nombramientos que despiertan inquietud y no dejan de ser preocupantes, como el nombramiento de militares en instancias creadas, precisamente para fortalecer el poder civil. Una magna contradicción entre el discurso de Álvaro Colom en su toma de posesión y las acciones. Instalar a militares con grado de capitanes en la Secretaría de Análisis Estratégico –SAE-, en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad –SAAS- y al Coronel Álvaro Arreaza Sánchez como Director del Sistema Penitenciario, sin a contar aquellos que tienen puestos medios en el Gobierno.

Desde luego que no se trata de hacer una crítica oficiosa contra todos los militares porque, como ocurre en todos los grupos sociales, hay elementos buenos, otros malos y otros resultan peores. Se trata sí, de identificar el problema de fondo, designar y poner al Ejército y a sus elementos en el lugar que les corresponde en una Democracia, particularmente si ésta aún se está construyendo en medio de desconfianzas y con grupos del crimen organizado acechando constantemente la institucionalidad del país.

Podría no ser muy saludable para la construcción de la Democracia, atacar desde tempranas horas a un Gobierno que recién ha tomado posesión, sin embargo, hay acciones que merecen ser mencionadas ahora, en un intento porque se recapacite y se corrijan aquellos errores que aún son corregibles.

El partido oficial tiene la bancada más numerosa en el Congreso, pero no la mayoría requerida para aprobar leyes. Ello hace comprensible que deba acudir al diálogo y la negociación para mantener un ambiente de gobernabilidad en el parlamento. Eso es entendible, pero dejar la comisión de DDHH al FRG, y además negociar con ellos 2 puestos en la Junta Directiva del Congreso, es para no quedarse callados.

Quitarle la presidencia de dicha Comisión al partido del ex golpista es difícil y por lo tanto un error irreparable y una bofetada a las víctimas. Pero los nombramientos en el Ejecutivo son posibles y solamente requieren de la voluntad presidencial.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad que obstaculiza cualquier participación de la justicia internacional en nuestro país, también es otro error del Estado guatemalteco, no sólo porque se contradice a sí mismo, sino porque devela ante el mundo la supremacía de la impunidad en nuestro país. El fallo de los Magistrados, que en esencia protege a los acusados de violaciones a Derechos Humanos, también provoca a lo interno del país la sensación que aquí la justicia es injusta. Es decir se sigue aplicando sólo a aquellos que no tienen poder ni dinero. Se acrecienta la desconfianza hacia las instituciones del Estado, en este caso Congreso, Presidencia y Corte de Constitucionalidad. Y un Estado que padece esa desconfianza en sus 3 organismos, tiene amplia posibilidad de convertirse en un Estado fallido.

Fuente: www.i-dem.org - 240108 - Nueva Época número 1365

Empieza la CICIG

Por la redacción de La Hora

Ayer quedó formalmente instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con lo que se marca un hito en el esfuerzo de la comunidad internacional para cooperar con los estados que se encuentran en crisis por su incapacidad para aplicar la ley y administrar justicia debido a la penetración de grupos paralelos en las estructuras de poder. El caso de Guatemala no es único en el mundo, pero somos la primera Nación que busca la ayuda internacional para enfrentar uno de los más serios problemas de la gobernabilidad del país, puesto que no hay Estado más fallido que aquel que no puede perseguir a los delincuentes.

La paz social en el país es absolutamente imposible en la medida en que prevalezcan las estructuras de impunidad que se establecieron desde los tiempos del conflicto armado interno, cuando el aparato del Estado se condicionó para que protegiera a sus agentes que estaban librando la guerra contra la insurgencia. Deliberadamente se tejieron sistemas llamados a evitar que a esos agentes, civiles y militares, se les aplicara la ley en caso de que incurrieran en excesos y violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. Algo similar a lo que ha hecho Bush en Estados Unidos, al ir creando estructuras como la de Guantánamo que se ocupan de velar por la impunidad de quienes abusen de los prisioneros.

Pero superado el conflicto, las estructuras quedaron intactas y lo único que ocurrió fue que en vez de proteger a quienes estaban supuestamente defendiendo al sistema, se pusieron al servicio del mejor postor y de quienes sabían cómo era que operaba el sistema. Muchos de los agentes del Estado que aprendieron a delinquir en el marco de la guerra, lo siguieron haciendo y siguieron usando su poder para su propio beneficio y colocaron el aparato de la impunidad a su servicio, al punto de que esos poderes paralelos son los que controlan en buena medida no sólo al Ministerio Público, sino a la Policía y a los Tribunales para garantizar que no se les pueda perseguir.

Se ha criticado a la CICIG porque implica una forma de restringir nuestra soberanía, pero no hay peor ausencia de soberanía que la de un Estado que no puede aplicar su ley. Por ello es que es deseable que la Comisión encuentra cooperación en el seno de la sociedad guatemalteca, sobre todo porque con el tiempo veremos que el Estado le negará apoyo cabalmente porque está penetrado hasta sus raíces por los poderes paralelos, mismos que son los que alientan la impunidad y se encargan de privilegiarla. El reto no es para nada fácil, pero si entendemos la necesidad de una estructura con voluntad de atacar un mal que nosotros no hemos enfrentado, puede que demos pasos firmes hacia delante.

Fuente: www.lahora.com.gt - 120108