Resabios del conflicto armado producen violencia

Por la redacción del diario La Hora

En Tzucubal, en la costa de Nahualá, Sololá, una turba incendió casas, macheteó gente y se necesitó la intervención de la Policía para que reestableciera el orden. La violencia y destrucción que se registró en esta comunidad, y en otras, son resabios del conflicto armado y ausencia de instituciones encargadas de impartir justicia, sumado a la escasa atención del Estado para atender sus necesidades de seguridad.

Ricardo Cajas Mejía, de la Comisión presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, opina que los hechos se debieron a rivalidades, focos de corrupción, intolerancia y a la ausencia de diálogo entre las partes.

El libro "Masacres de la Selva", del sacerdote y antropólogo Ricardo Falla, revela los primeros casos de linchamiento ocurridos durante el recrudecimiento de la violencia, pues en comunidades indígenas aisladas las víctimas fueron linchadas y quemadas, agregó.

"El conflicto armado dejó una secuela de terror que hoy la retoman algunos jóvenes; -ni siquiera los ancianos-, más que todo la juventud está violentada por la cultura impuesta por comisionados militares, Patrulleros de Autodefensa Civil, (PAC), inclusive por el mismo movimiento guerrillero que utilizó la violencia contra los que no se incorporaban a su movimiento", dijo Cajas.

“La autoridad indígena desplazada”
Para Mario Sacalxot, defensor de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la PDH, la autoridad indígena que generalmente es ejercida por el consejo de ancianos o el alcalde comunitario, queda desplazada por grupos a los que una autoridad civil les confiere la facultad de imponer castigos.

El defensor explica que el derecho maya es un sistema legítimo de justicia, el cual se desnaturaliza con el desplazamiento de las autoridades como ocurrió en Sololá. Allí, jóvenes sin experiencia, que no tenían 23 años de servicio para la comunidad, al parecer ex pandilleros, son los supuestos responsables porque las formas con que sancionaron a las víctimas no tienen relación con el Derecho Indígena, enfatizó.

Un muerto, doce capturados, 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Nahualá, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.

En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; y tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan.

El defensor de los Pueblos Indígenas opina que el derecho maya es un sistema que se integra de varios elementos, como normas, autoridad y procedimientos. En los hechos conocidos últimamente no convergen uno o más de estos elementos. Por ejemplo, no basta con decir: “aquel es culpable”, para enjuiciarlo y someterlo a la vergüenza y al castigo. No es así. Se necesitan, por lo menos, tres audiencias, primero para escuchar al denunciante; luego, al sindicado, y finalmente, a los testigos, agregó.

Son formas correctivas de vida espiritual de las personas, que cuando se aplica buscan corregir la conducta de las personas. "Es un concepto polémico porque en idioma indígena no tiene el nombre de castigo indígena sino formas correctivas de vida", explicó.

Por su parte, autoridades municipales de San Pablo Jocopilas, Sololá, afirmaron que en esa región siempre se han practicado castigos mayas debido a la ausencia de operadores de justicia. "De esa cuenta, los castigos mayas se han incrementado pues comprendemos que entregar a un niño en adopción no es delito; sin embargo, se convierte como tal cuando se practica como negocio pues hay tráfico ilegal de niños y por esa razón surgieron los problemas ese día", dijo el funcionario que pidió omitir su identidad por temor a represalias.

Casos similares
Después de un debate público comunitario, líderes, alcaldes auxiliares y habitantes del caserío Xibalbay, aldea Chaquijya, Sololá, decidieron aplicar 75 latigazos a Santiago Cuc Samines, de 25 años, acusado de haber cometido varios delitos en la localidad.

La casa comunal de Totonicapán estaba repleta de indígenas quichés. Frente a ellos estaban los acusados: miembros de las comunidades Pachoc, Chuipachec, Chomazán y Casa Blanca señalados de robar madera.

Para evitar la cárcel, los infractores accedieron a reunirse con las autoridades comunales, la Policía y el Instituto Nacional de Bosques, INAB, en un juicio público por el sistema maya.

Catorce personas señaladas de cometer hechos delictivos en Nahualá, Sololá, recibieron el “castigo maya”, que consiste en raparlos y azotarlos.

Tras cortarles el cabello y propinarles varios azotes, los acusados fueron puestos de rodillas sobre tapas de botellas de gaseosa clavadas en madera. Además les pusieron costales de arena sobre los hombros.

De acuerdo con versiones de vecinos, diez de los castigados, entre ellos los seis menores, fueron acusados de cometer delitos menores e inhalar pegamento, en tanto que cuatro mujeres estaban acusadas de vender niños.

Índices de población indígena
Según el IX Censo de Población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en 2002, la población ascendía a 11 millones 237 mil 196 habitantes en el territorio nacional.

De este conglomerado, 5 millones 496 mil 839 son hombres y 5 millones 740 mil 357 son mujeres.

La población indígena está estimada en 4 millones 610 mil 440, equivalente al 41 por ciento. Los municipios del Alta y Baja Verapaz con el 84 por ciento; Quiché y Huehuetenango, con el 82.1 por ciento, habitan en condiciones de extrema pobreza.

122 municipios con más del 80 por ciento de habitantes de origen maya, y 27 con más del 60 por ciento. En Guatemala se hablan 25 idiomas en total, 22 de origen maya, más el idioma xinca, el garífuna y el español.

El Derecho Maya es un sistema
El defensor de Pueblos Indígenas rechaza los castigos y agregó que el Derecho Maya es un sistema.

Se rige por normas basadas en creencias sobre la maldad, el bien, la vergüenza o el castigo. Tiene una autoridad que aplica esas normas. Cumple su papel con base en los principios de vida.

Tiene procedimientos que se agotan antes de llegar a un fallo o decisión.

Derecho consuetudinario
El 31 de marzo de 1995, se firmó en México, Distrito Federal, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece claramente el derecho consuetudinario.

En su parte conducente expone: La normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento de su cohesión.

El Gobierno reconoce que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria indígena como la falta de acceso que los indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional han dado lugar a negación de derechos, discriminación y marginación.

Para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el Gobierno se compromete a promover ante el organismo legislativo, con la participación de las organizaciones indígenas, el desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En aquellos casos donde se requiera la intervención de los tribunales, y en particular en materia penal, las autoridades correspondientes deberán tener plenamente en cuenta las normas tradicionales que rigen en las comunidades. Para ello, el Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas: a) Proponer, con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que otorguen atribuciones a las autoridades comunitarias para que señalen las costumbres que constituyen su normatividad interna; y b) Impulsar, en coordinación con las universidades de Guatemala, las asociaciones profesionales y las organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el reconocimiento de sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria.

Para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, el Gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoría jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos y reitera su obligación de poner gratuitamente a disposición de las comunidades indígenas intérpretes judiciales, asegurando que se aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el auxilio de interpretación en su idioma.

El Gobierno propiciará, en cooperación con las organizaciones indígenas, las universidades del país y las asociaciones profesionales correspondientes, el estudio sistemático y detenido de los valores y procedimientos de la normatividad tradicional.

Fuente: www.lahora.com.gt - 071006