Reactivación del Plan Puebla Panamá recibe fuertes críticas

Por James Smith

• Sociedad civil argumenta que el PPP continuará violando DDHH de campesinos en Mesoamérica

• El Plan avanzó en silencio mientras se daba «por muerto»

• Pueblos indígenas se comprometen a fortalecer el proceso organizativo contra los megaproyectos

Al concluir la cumbre del Plan Puebla Panamá (PPP) esta semana, los mandatarios de los nueve países integrantes de la iniciativa alcanzaron un acuerdo para revisar proyectos y mejorar su forma de operación. Pero el relanzamiento del PPP –que se llevó a cabo en Campeche, México, del 9 al 10 de abril– ha sido rechazado por varios grupos de la sociedad civil mesoamericana pues lo ven como un mero pretexto para asegurar que los negocios en infraestructura en el Sur-sureste mexicano siguen adelante y se extienden los negocios hacia Centroamérica, mediante el despojo de tierras y la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y los campesinos de la región. Es más, según organizaciones sociales de México y Guatemala, los gobiernos de esos países están usando la excusa del combate al crimen organizado para profundizar la represión contra sus comunidades rurales para asegurar inversiones de grupos económicos en el marco del PPP.

EXIGEN CANCELAR PROYECTOS. Las fuertes críticas al PPP vinieron en el marco de la cumbre de Campeche, en donde los mandatarios de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Panamá, más el vicepresidente de Nicaragua, se comprometieron a dar una nueva dinámica al bloque regional, a través de una declaración conjunta de nueve puntos.

El texto reconoce que pese a las grandes expectativas que generó el acuerdo en el momento de su creación en 2001, los avances han sido hasta ahora limitados en temas como infraestructura carretera, interconexión eléctrica y energética, y desarrollo humano.

Ante esto, los países asistentes acordaron fortalecer el PPP a través de la consolidación de sus mecanismos institucionales, así como evaluar periódicamente el avance y resultados de los proyectos, para incorporar nuevas iniciativas o dar finalizadas otras.

No obstante, según un comunicado de prensa emitido el 10 de abril por la Alianza Mexicana Por La Autodeterminación De Los Pueblos (AMAP), el relanzamiento del PPP «pretende sólo cambiar estrategia de un supuesto plan de desarrollo regional para Mesoamérica que asegure los negocios de alta tecnología en telecomunicaciones de fibra óptica e inversión petrolera del Grupo Carso y proyectos de energía eléctrica de grupos económicos transnacionales como IBERDROLA con la complicidad del Banco Mundial. Estos negocios buscan asegurarse mediante nuevos mecanismos de militarización y represión de gobernantes contra la población civil…»

El Grupo Carso de México y Iberdrola de España son dos de las más grandes empresas involucradas en el PPP . Las otras importantes son: Exxon, Shell, Wal-Mart, Bimbo, ICA, TELMEX, GAMESA, Repsol, Dundee Securite, CEMEX, ENDESA, AEOLIA y el Banco de Japón.

Igual que varias otras organizaciones sociales, la AMAP ha señalado anteriormente que el PPP lejos de ser un plan de desarrollo, es un plan de negocios que socava la soberanía nacional de los países involucrados, ya que brinda todo el apoyo de los respectivos gobiernos a grupos transnacionales para que éstos realicen megaproyectos costosos y dañinos al medio ambiente.

Estos programas han tenido como objetivo principal sentar las condiciones para fomentar la inversión privada en la construcción de infraestructura (supercarreteras, puertos y aeropuertos, corredores ferroviarios de carga, represas para proyectos hidroeléctricos), para facilitar el traslado y exportación de mercancías, en particular hacia los Estados Unidos, así como para promover la implantación en la región de mega-negocios (corredores de plantas maquiladoras, agroindustrias, plantaciones de monocultivo, grandes complejos turísticas y negocios con la biodiversidad).

Estos megaproyectos de inversión se lograron impulsar a causa de las cláusulas relativas al fomento de la inversión privada extranjera en los países miembros del PPP contenidas en acuerdos comerciales y de inversiones, en el caso de México, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en el caso de los países de Centro América, el CAFTA.

Pero, como destaca el comunicado de la AMAP, «no hay ninguna cláusula que detenga los megaproyectos cuando viola los derechos humanos de la población afectada.»

El comunicado agrega que una prueba contundente de que los megaproyectos no llevan el desarrollo para los pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas es el hecho que «en los años recientes se ha incrementado la migración de la población joven mexicana que va a buscar trabajo en los EEUU hasta alcanzar la escandalosa cifra de medio millón de personas al año que se van del país.»

La situación es muy parecida en Centroamérica, y sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador. En este último país, alrededor de la tercera parte de su población ha emigrado a EEUU .

En este sentido, asevera la AMAP, «el reordenamiento territorial obedece sólo a la necesidad de ubicar la nueva actividad industrial y económica que demanda la globalización, impulsando la infraestructura y los soportes materiales que impone el mercado exportador y trayendo como consecuencia la languidez de los mercados regionales y el mercado nacional.»

La AMAP concluye su declaración exigiendo la cancelación inmediata del PPP , «por no representar un proyecto de desarrollo regional sustentable; porque pone en riesgo la biodiversidad de la región; por que fomenta la privatización de recursos naturales como el agua; porque fomenta el comercio desleal entre los productores de café, ya que las empresas trasnacionales dividen a los productores. En fin porque el PPP no es un plan de desarrollo regional que se diseñó en conjunto con las demandas de los campesinos y pueblos indígenas...»

DEJAN DE «INVISIBILIZAR» EL PPP. Empeñado en utilizar al PPP para alcanzar liderazgo en América Latina, frente al venezolano Hugo Chávez y su iniciativa bolivariana, el presidente de México Felipe Calderón usó la cumbre de Campeche para defender el Plan.

En la inauguración, indicó que de 2003 a 2006 se han invertido US$4,500 millones en 33 proyectos, pero esto representa sólo un tercio del total de programas contemplados en un principio. Es más, en los anexos de la declaración de la Cumbre se mencionan sólo avances parciales, que en muchos casos quedan en estudios de factibilidad.

Uno de los pocos logros concretos de la cumbre fue la firma del segundo protocolo del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica, con el fin de armonizar regulaciones para que pueda operar el Sistema de Interconexión Eléctrica para Centroamérica (SIECA).

Mientras tanto, como parte de las acciones para mejorar las formas de operación del PPP , se acordó constituir mecanismos nacionales interinstitucionales de coordinación para ejecutar las iniciativas de manera más eficaz.

También se decidió impulsar una mayor articulación entre el PPP y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y se invitó a organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras agencias de cooperación a enriquecer la agenda mesoamericana.

El PPP nació en 2001 por iniciativa del entonces presidente de México, Vicente Fox , con el fin de generar riqueza y desarrollar infraestructura de manera coordinada entre los países o regiones involucradas. Desde un comienzo, los mandatarios de los países miembros adoptaron el plan como «política de Estado», con lo cual su permanencia quedó garantizada.

Pero según Carlos Fazio del Centro de Derechos Humanos de Tepeyac, México, «no obstante, su ritmo semi lento, que llevó de manera tramposa a un funcionario del BID a decir que era una «entelequia» o «algo irreal», y pese a los cambios de presidentes en los países del área, el avance del PPP ha sido sostenido; sobre todo, en la construcción de una infraestructura física multimodal y en la integración energética subregional.»

En octubre pasado, durante su primera gira centroamericana como presidente electo, Calderón anunció su decisión de «revivir» el PPP. Dijo entonces que el desarrollo regional requiere de «un plan coherente y de largo plazo» que impulse «proyectos vitales» en materia de energía e infraestructura.

No obstante, dice Fazio, «el Plan no es una entelequia o algo irreal, por lo que Calderón no necesita revivir nada… ante la movilización y la organización ciudadanas en contra, desde finales de 2003, por recomendaciones del BID los gobiernos decidieron hacerlo invisible. Es decir, ocultaron o disfrazaron su desarrollo.»

A tal punto funcionó esa estrategia «invisibilizadora» agrega el analista, «que muchos centros académicos y medios de comunicación lo dieron por muerto». Pero el PPP siguió avanzando «de manera silenciosa.»

De acuerdo con Fazio, el plan «forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental de Estados Unidos, para la competencia interimperialista con Japón y las potencias industrializadas de Europa, en el que participan sectores del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías locales. Dado que la zona del PPP es rica en petróleo, gas natural, agua, bosques, minerales y biodiversidad, y propicia para la generación de energía eléctrica, el plan opera como un mecanismo neocolonial que persigue la extracción o saqueo de la riqueza natural y la superexplotación de abundante mano de obra barata.»

De hecho, uno de los objetivos centrales de los impulsores del plan es la construcción de corredores de tránsito interoceánico que comuniquen la parte atlántica de EEUU, donde se concentra la producción industrial y cerealera de ese país, con la cuenca del Asia-Pacífico, centro de la economía mundial.

Junto a la propaganda sobre el desarrollo y la generación de empleo, en los documentos oficiales del PPP aparecen cinco palabras clave: comercio, inversión, sector privado y competitividad.

Todos los planes en ejecución, en particular los que tienen que ver con la creación de corredores de integración vial (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, canales secos interoceánicos), megaproyectos hidroeléctricos, agroindustriales y del sector turístico en la reserva de la biosfera maya, y la construcción de refinerías y gasoductos, tienen fines empresariales y propician la intervención del gran capital privado.

¿DE LA RESISTENCIA AL PODER? Hasta la fecha, los pueblos del sur y sureste de México son las que más éxito han tenido en paralizar el PPP y otros megaproyectos similares.

Las luchas y resistencias de esas comunidades por diversos medios han logrado evitar despojos y la desaparición de culturas completas y por ende los grupos sociales centroamericanos que buscan tener resultados similares podrían aprender mucho de ellos.

Otra posible fuente fructuosa de ideas contra-hegemónicas podría ser la Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de América, celebrado en Iximché, Guatemala, a finales de marzo. Denominado «De la resistencia al poder» , los participantes acordaron varios puntos «para el vivir bien de los pueblos indígenas» , inclusive: 1. Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.

Y 2. Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT .

Este último Convenio se espera usar en el municipio de Ixcán, Guatemala, para rechazar el megaproyecto hidroeléctrico Xalalá y los bloques petroleros, a través de una consulta de buena fe el 20 de abril (Inforpress 1698).

La región conocida como la Franja Transversal del Norte, que atraviesa los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Sur del Petén e Izabal, se encuentra amenazada y afectada por la imposición de estos proyectos, algunos que forman parte del PPP .

Y que según la ONG medioambientalista, Madreselva , «históricamente han sido instalados a espaldas de las comunidades locales, y sólo han favorecido a las mafias corporativas que llegan al poder.»

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